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¿Qué es la Justicia Nacional Electoral?

La Justicia Nacional Electoral, parte del Poder Judicial de Argentina, supervisa la legislación electoral, organiza los procesos electorales y controla a los partidos políticos. Compuesta por 24 juzgados federales y la Cámara Nacional Electoral, administra padrones, designa lugares de votación y maneja registros de votantes y afiliados, asegurando transparencia y equidad en todo el país.

Fuente: Argentina.gob.ar

La Justicia Electoral Nacional es un Tribunal perteneciente al Poder Judicial de la Nación y es la autoridad superior de aplicación de la legislación político-electoral. Ejerce funciones jurisdiccionales, de control, de administración electoral y registral, cumpliendo un rol fundamental en la organización de los procesos electorales.

Está conformada por 24 juzgados federales de primera instancia con competencia en cada uno de los distritos electorales en que se divide el país (23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires) y un único tribunal de apelaciones (Cámara Nacional Electoral), que ejerce su jurisdicción en toda la República Argentina y constituye la máxima autoridad en la materia (cf. Ley 19.108, modif. por Ley 19.277).

En cuanto a sus funciones jurisdiccionales, se encarga de aplicar la ley orgánica de los partidos políticos, el Código Electoral Nacional, y sus complementarias. En relación a las funciones de control, estas se vinculan a la existencia, organización, financiamiento y actividades de los partidos políticos.

Sus funciones de administración electoral recaen en confeccionar, corregir, imprimir y exhibir las listas provisionales y los padrones definitivos, designar los lugares en donde funcionarán las mesas de votación y sus autoridades, y controlar el despliegue y repliegue de las urnas.

Por otro lado, la Cámara tiene funciones registrales: están a su cargo el Registro Nacional de Electores, el Registro Nacional de Afiliados a los Partidos Políticos, el Registro General de Cartas de Ciudadanía, el Registro de inhabilitados para el ejercicio de los derechos electorales, el Registro General de Consulados, el Registro de Electores Residentes en el exterior, el Registro de faltas electorales y el Registro de nombres, símbolos, emblemas, números de identificación, cuentas bancarias y responsables financieros de los partidos políticos.

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